El caso de los dos lotes cedidos gratuitamente en Puerto Colombia tiene mucha tela por cortar. Este viernes la Fiscalía inspeccionó la Alcaldía del municipio para recolectar evidencias físicas o elementos materiales públicos.

Pero la actuación, tardía porque ya existían varias denuncias y llamados públicos para que el ente judicial interviniera en este escándalo, no se quedaría solo en la mera inspección.

Zona Cero conoció que hay muchas personas implicadas en las polémicas cesiones realizadas en 2017.

Hasta el momento se ha hablado del papel que cumplió el exalcalde Steimer Mantilla Rolong y de los dos particulares que recibieron los predios.

Los lotes en cuestión son uno de 5.082 metros cuadrados, cedido al particular Francisco Javier Pizarro Guerra, y otro de 33.637 metros cuadrados, entregado a Alfredo Manuel Montoya Hoyos.

Estos lotes fueron donados por Cementos Argos al municipio, en 2009, para uso exclusivo de zonas verdes.

No obstante, en estas 'cesiones' también habrían tenido fuerte participación funcionarios de la Alcaldía de Puerto Colombia (no se sabe si siguen en la administración), notarios y empresarios de Barranquilla, de acuerdo a lo conocido por este medio.

Las autoridades evalúan la expedición de órdenes de captura para avanzar en la investigación.

El escándalo

Zona Cero fue el primer medio que destapó el escándalo de los lotes cedidos.

El lote de 5.082 metros cuadrados fue devuelto al municipio el pasado 17 de septiembre, de acuerdo a lo anunciado por la Alcaldía.

Sin embargo, al lote de 33.637 m2 le siguen apareciendo detalles o capítulos en esta historia.

En la resolución número 2017-06-01-044, firmada por el entonces alcalde Steimer Mantilla Rolong, resuelve en su artículo primero “ceder a título gratuito un bien fiscal a favor de Alfredo Montoya Hoyos… el predio en la vía 5, jurisdicción de Puerto Colombia identificado con la referencia catastro 010313-0001-000 y matrícula inmobiliaria número 040-445198, consistente en un lote de terreno con un área de 33.637 m2”.

Pero ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, mediante certificado de tradición, aparece ese mismo lote de cesión gratuita a la misma persona con la matrícula inmobiliaria 040-625766.

Ante ello la actual administración municipal puede ejercer control para amparar un lote que inicialmente fue entregado en 2009 por Cementos Argos para uso exclusivo de zonas verdes.

Este lote aún se encuentra en poder de particulares.

La inspección tardía

La Alcaldía de Puerto, a través de su mandatario Plinio Cedeño, emitió un comunicado indicando que recibe la visita de los funcionarios de la Fiscalía en atención a la denuncia interpuesta por el mandatario "en contra de presuntas irregularidades y falsedades evidenciadas en la expedición de actos administrativos" que derivaron en transferencia de propiedad de inmuebles de uso público que pertenecen al municipio en favor de particulares.

La inspección es adelantada en presencia de funcionarios de la Alcaldía que entregan la información requerida por la Fiscalía.

Hay que destacar que esta no es la única denuncia por el caso de los lotes en Puerto Colombia. En su momento, el exalcalde Wilman Vargas también radicó una demanda penal por la entrega de los predios.

No obstante, solo hasta hoy es que se ve una actuación concreta de la Fiscalía General de la Nación con este caso.

Camacol, la Fundación Protransparencia Atlántico, representada por Horacio Brieva y los líderes sociales, representantes de organizaciones comunitarias y habitantes del barrio Las Flores; y la firma Borda Abogados, le enviaron en su momento documentos a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que haya celeridad en las investigaciones.

"Este tipo de hechos, cuando compromete la legalidad de los actos administrativos que soportan el uso y la disposición del suelo, afecta directamente la seguridad jurídica que el sector de la construcción requiere para adelantar sus proyectos y para mantener la confianza de sus afiliados e inversionistas en los procesos de planeación urbana del departamento", indicó Camacol.

Alertó que en la Fiscalía solo aparecen dos trámites sobre este proceso y datan de 2023, es decir, han transcurrido tres años y medio sin que presenten adelantos en esta investigación.

La Fundación Protransparencia Atlántico envió un derecho de petición con el objetivo de que el ente acusador anuncie el avance de las investigaciones sobre la 'cesión' de lotes en Puerto Colombia, de uso público, a particulares.

“La Fundación actúa exclusivamente desde la sociedad civil. No invoca la calidad de víctima, denunciante, parte o interviniente dentro del proceso penal, ni pretende acceder a elementos materiales probatorios, conocer la estrategia investigativa, identificar personas indiciadas o condicionar las decisiones del fiscal competente”, aclara la Fundación en el derecho de petición.  

Añadió que “su propósito es obtener información general no sometida a reserva, poner de presente la relevancia pública del asunto y solicitar que esta comunicación sea tramitada por las dependencias competentes, con respeto por la autonomía de la Fiscalía, el debido proceso y la presunción de inocencia”.

Incluso, los particulares Francisco Javier Pizarro Guerra y Alfredo Manuel Montoya Hoyos se pusieron a disposición del Fiscal 36 Seccional, quien está a cargo de la investigación por las polémicas cesiones, pero nada ha pasado.

También, el abogado penalista Donaldo Del Villar, envió una carta al Director Seccional de Fiscalías del Atlántico, Romel David Arévalo González, para dar celeridad a la investigación por la "cesión gratuita".

"Los documentos divulgados y las denuncias ya radicadas revelan indicios que exigen una respuesta institucional urgente. Dos predios destinados a zonas verdes y uso colectivo —de 5.082 y 33.637 metros cuadrados— habrían pasado a manos particulares mediante las resoluciones 049 del 9 de noviembre y 044 del 20 de noviembre de 2017, inscritas registralmente varios años después", expresa el abogado penalista.

"Se ha informado que una de esas resoluciones no reposa en los archivos municipales; que se controvierte la autenticidad de las firmas; que se produjeron desenglobes y posteriores transferencias, y que podría existir una duplicidad registral respecto de otro inmueble", agregó.